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Patricia Bullrich ciberpatrulla

Habilitó a fuerzas a hacer perfiles de usuarios de redes.

03/06/2024

La ministra habilitó a las fuerzas a hacer perfiles de usuarios de redes sociales. Organismos de derechos humanos y juristas advierten que la resolución de Seguridad podría afectar la libertad de expresión y dar vía libre a una vigilancia masiva.

Patricia Bullrich vuelve a uno de sus viejas pasiones: el ciberpatrullaje –que ya había implementado durante su anterior gestión como ministra de Seguridad. La semana pasada, la funcionaria aprobó un protocolo para las fuerzas de seguridad a su cargo, que fue criticado por expertos por su vaguedad y porque podría habilitar una vigilancia masiva en redes sociales.

Bullrich arrancó la semana pasada con una ofensiva múltiple. Por un lado, comunicó que no iba a contestar a los requerimientos de información que haga la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para encontrar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura –medida que fue catalogada por Abuelas de Plaza de Mayo como inadmisible por provenir de un gobierno democrático. Por otro lado, dio a conocer nuevas reglas para la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura frente a lo que se conoce como fuentes abiertas.

Según la resolución 428, las fuerzas podrán monitorear lo que sucede en la web de acceso público y fuentes digitales abiertas. Esto quiere decir, podrán entrar en aquellos sitios de internet “cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas”.

El Ministerio de Seguridad le da vía libre a las fuerzas para ciberpatrullar en función de una larga lista de delitos: venta o tráfico de drogas, amenazas, coacción e intimidación, venta de armas o explosivos, venta de objetos robados o falsificados, comercialización de instrumentos públicos, malos tratos o crueldad contra animales, acoso o violencia por motivos de género, prostitución infantil, trata de personas, lavado de activos, terrorismo y “cualquier otro delito que se pueda obtener noticia en el ciberespacio”. Esto es leído por los especialistas como una “excursión de pesca”: las fuerzas salen a ver qué encuentran.

Además, Bullrich sostiene que estos lineamientos deben servir para la búsqueda de personas desaparecidas y de personas requeridas por la justicia. Es evidente que a la ministra no le interesan todos los prófugos: en marzo dejó caer las recompensas que ofrecía el Estado nacional a quienes aporten datos para encontrar a 21 represores de la última dictadura. En ese momento dijeron que preferían inyectar el dinero en la lucha contra el narco en Rosario.

Según la resolución, se preserva la libertad de expresión –algo puesto en entredicho por juristas y referentes de organizaciones de derechos humanos—y se debe destruir el material relevado. No especifica en qué plazo.

Las fuerzas, si detectan un posible delito, deberán denunciarlo ante los tribunales. Mensualmente, deberán informar cuántas denuncias hicieron ante la Dirección de ciberdelito y asuntos cibernéticos del Ministerio de Seguridad.

El ciberpatrullaje no es nuevo. Se usó intensamente durante el gobierno de Cambiemos. La entonces Policía Metropolitana –hoy de la Ciudad—estaba haciendo sus controles “de rutina” en marzo de 2016, cuando advirtió que una usuaria proponía matar a la hija menor de Mauricio Macri, Antonia. La Metropolitana denunció la situación ante el juez federal Ariel Lijo. A partir de este incidente, el magistrado le avisó al Departamento de Seguridad Presidencial de la PFA. La fuerza –conducida por Bullrich—aprovechó la oportunidad para concentrarse en la actividad de tuiteros que estaban descontentos con el entonces presidente. Hubo denuncias –y detenciones—varias por amenazas.

Durante el gobierno del Frente de Todos (FdT), hubo ciberpatrullaje durante la pandemia. Hubo un caso paradigmático: el de Kevin Guerra, un veinteañero de Balcarce. Kevin estaba matando el tiempo durante el aislamiento y escribió, en tono jocoso, si seguía en pie lo del saqueo si no se pagaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Kevin fue investigado por la justicia provincial y luego por la federal. Finalmente resultó sobreseído. La entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic convocó a organismos de derechos humanos para discutir un protocolo para regular la actuación de las fuerzas de seguridad, pero finalmente se derogó esa normativa.

Bullrich dice que hay un vacío. Y vuelve a la carga. La novedad es que ahora se utilizará inteligencia artificial.

Fuente: Pàgina/12.